viernes, 25 de marzo de 2011

Demanda titular de la PGR abatir secuestros

San Juan del Río, Querétaro.- En el combate al secuestro, las instancias de procuración de justicia –tanto de la Federación, como del fuero común– están comprometidas a presentar resultados tangibles, que se traduzcan en mayor seguridad para todos, al caminar por las calles y al disfrutar de nuestros espacios públicos, afirmó el Procurador General de la República, Arturo Chávez Chávez, al inaugurar la Primera Sesión del 2011 de la Conferencia de Procuradores de la Zona Occidente, en San Juan del Río, Querétaro.

De ahí la importancia de la nueva Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, vigente a partir del 28 de febrero, y que establece los elementos que deben orientar los esfuerzos del Ministerio Público en esta materia. Entre ellos, destacó el funcionario federal el diseño del Programa Nacional contra el Secuestro, así como de estrategias comunes para la atención a víctimas.

El Abogado de la Nación señaló que la solución de fondo a la delincuencia debe ser una medida de ley que pase necesariamente por la eficaz procuración de justicia y por el acceso a un sistema penal equilibrado y puntual. Nuestro deber como Procuraduría General de la República es investigar y perseguir eficazmente los delitos y llevar a los responsables ante la justicia.

Ante los procuradores de la zona occidente, el Abogado de la Nación dijo que es necesario consolidar el papel del Ministerio Público en el restablecimiento del imperio de la ley, en un contexto de transición hacia una justicia penal acusatoria y adversarial. El fortalecimiento de las instituciones ministeriales, indicó, contribuirá a abatir la impunidad, a renovar y afianzar instituciones, así como a apuntalar la gobernabilidad democrática basada en el derecho.

Acompañado del gobernador de la entidad, José Calzada Rovirosa, el titular de la PGR aseveró que a mediano plazo la meta debe ser fortalecer las instancias ministeriales con planes de profesionalización y paralelamente, llevar a cabo las reestructuraciones que sean necesarias, con objeto de adecuarlas a las nuevas circunstancias y redimensionar su trascendencia en la cadena de la seguridad pública y la justicia, siempre bajo los principios de servicio al ciudadano, de integralidad, de gradualidad y de transparencia.

Asimismo, dio a conocer que ya se cuenta con un proyecto de Código Federal de Procedimientos Penales que será referencia obligada para crear un nuevo sistema de justicia criminal.

Comentó asimismo que para consolidar la vigencia plena del estado de Derecho en todo el país, ha sido –y sigue siendo– de importancia fundamental la aplicación de la fuerza para contener y combatir a las organizaciones criminales.

Con relación al narcomenudeo, diez estados del país –Querétaro y Guanajuato, principalmente– han expedido leyes para enfrentar este fenómeno delictivo, que afecta a los jóvenes. Otras entidades federativas han integrado, incluso, tribunales especializados. Ambas acciones potenciarán la capacidad institucional para desahogar los casos en sus propias jurisdicciones.

Sobre la trata de personas, Chávez Chávez informó que una vez que la Conferencia aprobó el Plan de Acción para la Prevención y el Combate del Delito de Trata de Personas y la Atención, Asistencia y Protección de sus Víctimas, se intensificaron los esfuerzos para poner en marcha sus estrategias y acciones.

Adicionalmente, indicó el titular de la PGR, que el Senado de la República analiza la minuta que propone modificaciones a los artículos 19, 20 y 73 de la Ley Fundamental, con la finalidad de que el Órgano Revisor de la Constitución faculte al Congreso de la Unión para homologar tipos penales y distribuir competencias, a través de una ley general en materia de trata de personas.

Chávez Chávez aseveró que la Procuraduría General de la República ha validado la propuesta de cinco entidades para instrumentar programas de capacitación y para definir lineamientos comunes respecto de la preservación del lugar de los hechos, así como de los indicios y huellas del delito.

Por otro lado, con relación al lavado de dinero, reiteró su convicción de que se trata de un delito que la Federación y el fuero común deben combatir de manera coordinada y corresponsable. En este tema está convencido de que 32 soluciones locales, refiriéndose a los estados de la República, serán mucho más eficaces y viables, que una gran solución general planteada desde la Federación. Por ello, sostuvo la necesidad de impulsar modificaciones en la legislación de los 20 estados que no han tipificado este delito.

El Abogado de la Nación propuso a los procuradores locales analizar la propuesta para que la Federación –a través del grupo de trabajo llamado GC Armas– y las procuradurías y fiscalías locales mejoren el flujo de comunicación en investigaciones del fuero común vinculadas con armas y explosivos. De esta manera, indicó que se podrá reducir los tiempos de respuesta en las solicitudes de rastreo y, en su caso, incrementar las capacidades para generar nuevas líneas de investigación.

De igual manera, subrayó que se tendrá ocasión de abordar las iniciativas de ley para modificar los códigos Penal Federal y Federal de Procedimientos Penales, con el fin de ajustar el marco legal y preveer sanciones para los informantes de las organizaciones criminales que colaboren en la comisión de delitos o que atenten contra servidores públicos. Estados como Nuevo León y San Luis Potosí ya cuentan con tipos penales a este respecto y sus experiencias enriquecerán las valoraciones sobre este tema.

Finalmente, señaló que el 2011 transcurre inmerso en una dinámica político-electoral en varias entidades y que se intensificará, con particular ritmo, hacia el cuarto trimestre, con el inicio formal del proceso electoral de 2012. Dijo que la contribución de la PGR a la tranquilidad y al desarrollo normal de las jornadas comiciales puede descansar en los programas que ha puesto en marcha la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y, sobre todo, en los mecanismos de coordinación entre las instancias ministeriales de los distintos órdenes de gobierno.

En su participación, el Gobernador de Querétaro, José Eduardo Calzada Rovirosa, sostuvo que el análisis conjunto de los desafíos que se plantean en el país para salvaguardar la seguridad en este periodo de vida institucional es una labor indispensable y un compromiso para todos.

Hoy más que antes, agregó el mandatario estatal, rescatar las ideas rectas en los quehaceres de inteligencia nos ayudaran a fortalecer las acciones de seguridad para beneficio de millones de habitantes de esta importante región de la República mexicana.

Por su parte, el Procurador General de Justicia de Querétaro, Arsenio Durán Becerra, afirmó que en su entidad se trabaja por ser referente nacional del compromiso con la seguridad y el Estado de Derecho, basado en la prevalencia de la aplicación de la ley que garantice a sus habitantes la seguridad y el disfrute de sus libertades y derechos, dentro de un entorno de tranquilidad y respeto.

Agregó Durán Becerra que la salvaguarda de la integridad de las personas y familias, el disfrute de los derechos y la protección de la vida, la salud, la libertad, el patrimonio y demás bienes jurídicos, es una tarea prioritaria y una labor comprometida de las autoridades de las tres funciones de gobierno, que mantienen estrecha y respetuosa coordinación con los órdenes federal y municipal, contando además privilegiadamente con la consciente y decidida participación de los sectores de nuestra sociedad.

Fuente: Dirección General de Comunicación Social. Procuraduría General de la República, (PGR).


Foto: Archivo

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